MINISTERIO PÚBLICO LOGRA SENTENCIA CONDENATORIA DE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA FEMINICIDA EN TARIJA

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TARIJA (24.06.15).- El Fiscal Departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que fruto del trabajo del Ministerio Público se dictó sentencia condenatoria en contra de Álvaro Romay Llanque, por el delito de feminicidio en grado de tentativa de Irene Castro Donaire.

“Romay Llanque fue condenado a 20 años de cárcel sin derecho a indulto por la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa registrado en Tarija. La determinación fue tomada por el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal”, declaró.

De acuerdo con la autoridad, el sentenciado deberá cumplir la pena privativa de libertad en el Penal de Morros Blancos en Tarija. Según el cuaderno de investigación, Álvaro Romay en fecha el 31 de enero de 2014 citó a su víctima para supuestamente conversar inmediaciones de la Av. Circunvalación, sin embargo posteriormente la toma del brazo y por la fuerza la lleva en medio de un bosquecillo donde procede a cortarle el cuello, la apuñala en el abdomen y la espalda, y luego la empuja haciéndola rodar por una pequeña loma.

Tras detenerse, la víctima logra incorporarse y al notar que ya no se encontraba su agresor, pide auxilio y los vecinos del lugar al ver la gravedad de las heridas la llevan al hospital para ser atendida inmediatamente.

En el quirófano, al ser consultada por su madre, Irene Castro escribió en una hoja de papel su nombre, el teléfono de una de sus tías, el nombre de su novio actual, el de su ex enamorado Álvaro Romay y el lugar donde podía ser encontrado el padre del agresor que le ocasionó esas lesiones.

Inmediatamente se activa por parte de la Policía la búsqueda del sindicado, logrando encontrarlo en el domicilio de su padre y procediendo a su aprehensión inmediata.

La víctima, pese a la gravedad de sus lesiones, salió del peligro inminente de perder la vida gracias a la inmediata intervención de los médicos. Con esta sentencia condenatoria, el Ministerio Público demuestra una vez más que cumple su mandato constitucional de defensa de los intereses y la legalidad de la sociedad en su conjunto.