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Mar, Sep

FISCALÍA OBTIENE CINCO AÑOS DE CÁRCEL PARA RÓGER PINTO POR CONDUCTA ANTIECONÓMICA

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PRENSA, COBIJA (28.03.17).- El Ministerio Público demostró en audiencia desarrollada en el Tribunal de Sentencia N° 2 de Cobija, la autoría y culpabilidad del ciudadano Róger Pinto Molina en el delito acusado de conducta antieconómica, siendo condenando a cinco años de privación de libertad en la cárcel de Villa Busch.

La información fue proporcionada por la Directora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Fanny Alfaro Vaquila, quien mencionó que además de conducta antieconómica Pinto fue acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y uso indebido de influencias.

De acuerdo con la relación de los hechos, Pinto Molina en su calidad de presidente de Zona Franca Cobija (Zofra Cobija), realizó la venta de terrenos contraviniendo la Constitución y las Leyes.

Junto al exsenador también fueron acusados los ciudadanos Ángel Boris Salvatierra Justiniano y David Ángel Murakani García y Efrén Belarmino Balcázar Balcázar.

“El Tribunal determinó cinco años de cárcel para Roger Pinto y Efren Balcázar por el delito de conducta antieconómica; un año por de incumplimiento de deberes, dos años por resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, y cuatro años por contratos lesivos al Estado. Ángel Murakani y Boris Salvatierra fueron sentenciados a un año de cárcel por incumplimiento de deberes”, explicó Alfaro.

Realizadas las investigaciones, se evidenció según el testimonio de escritura pública Nº 579/2000 de 7 de diciembre de 2000, que Luis Díaz Lima y Nazareth Mansour de Díaz, transfirieron un lote de terreno a favor de la Zona Franca de Cobija, representada legalmente por su directorio, compuesto por Róger Pinto Molina en su calidad de Prefecto y Presidente de Zofra Cobija.

Este terrero posteriormente fue fraccionado y vendido a empresas privadas, violando la normativa legal que establece que es atribución del legislativo aprobar los contratos de interés público referidos a áreas estratégicas, como también aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.