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  • Discurso del Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Fausto Juan Lanchipa Ponce.

La Constitución Política del Estado asigna al Ministerio Público la delicada tarea de ejercer la acción penal en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, debiendo ejercer sus funciones de acuerdo a sus principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad y autonomía entre otros.

La Asamblea Legislativa Plurinacional me ha honrado con la responsabilidad de asumir la conducción del Ministerio Público y cumplir con esas delicadas tareas, designándome luego de un riguroso proceso de selección, valoración de antecedentes penales y exámenes escrito y oral, por ello quiero en primer lugar agradecer a la Asamblea Legislativa Plurinacional haber considerado mis méritos académicos y profesionales para esta designación y honrarme con ese voto de confianza institucional.


Soy consciente de que la institución, cuya conducción asumo, enfrenta particularmente estos tiempos, duras críticas y cuestionamientos de la sociedad, soy consciente de que existen muchos problemas en la investigación y persecución penal de los delitos, duración prolongada de los procesos penales, alto índice de detenidos preventivos, abuso de la detención preventiva que se utiliza como un anticipo de pena, sobrecarga de trabajo, hechos gravísimos que quedan en la impunidad, suspensiones de audiencias y otros de una larga lista de debilidades y problemas.


En la gestión que inicio es una prioridad recuperar la credibilidad y la confianza de la sociedad con base a una voluntad transformadora y un cambio de actitudes y de prácticas procesales, que debe irradiarse a todos los servidores pertenecientes al Ministerio Público, que deben empeñarse en aplicar en todas y cada una de sus actuaciones, principios y objetividad, transparencia y celeridad, desterrando la discrecionalidad y la arbitrariedad.


Asumo esta importante responsabilidad con profunda conciencia de los deberes que me tocan encarar como servidor público, pensando en primer lugar en las personas que acuden al sistema de justicia penal a reclamar legítimamente la defensa oportuna de sus bienes y derechos frente al delito, como también en quienes son procesados penalmente y que reclaman que se resuelva su situación jurídica en un plazo razonable y respetando sus derechos y garantías constitucionales. Ambos intereses no son incompatibles sino que hacen parte de los equilibrios que se requieren en un estado constitucional de derecho.
El Ministerio Público puede y debe esclarecer y sancionar eficazmente los hechos delictivos en el marco de la rigurosa observancia de los derechos y garantías de los justiciables.


Los señalados principios constitucionales de legalidad, oportunidad, responsabilidad y autonomía son el conjunto de preceptos que deben constituirse en la base del proceso de recuperación de la credibilidad institucional que tenemos el desafío de construir y consolidar durante los próximos seis años, consolidando un modelo de organización propia que le permita al Ministerio Público planificar sus tareas con perspectiva de una política criminal democrática, respetuosa de los derechos humanos, con perspectiva de género y que considere, en la definición de sus prioridades y lineamientos de actuación, las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los justiciables y las víctimas de los delitos, es decir, que la actuación del Ministerio Público debe priorizar y focalizar sus esfuerzos para perseguir la criminalidad grave y socialmente relevante, como por ejemplo, el abuso sexual a niñas y niños, la trata y tráfico de personas, la violencia de género, con énfasis en su manifestación más grave el feminicidio, la corrupción, el crimen organizado y otros delitos graves evitando dispersar esfuerzos en fenómenos de criminalidad poco relevantes o insustanciales.
El Ministerio Público debe concebir una renovada organización, centrada esencialmente en la persecución planificada y estratégica de los delitos, lo que significa una selección rigurosa de los conflictos que según su relevancia social y su gravedad exigen investigarse para ser llevados a juicio y paralelamente la decisión de adoptar, para el resto de los hechos, salidas alternativas que permitan la redimisión de los conflictos en términos menos violentos y onerosos en el marco de una política criminal con enfoque restaurativo, de modo que la justicia penal se convierta al fin en la última razón de la conflictividad y no más en un mecanismo de presión extorsiva o de cobranza de deudas que se materializa con toda su dureza especialmente en los más pobres, en los más débiles y de personas en situación de vulnerabilidad. 


Uno de los imperativos de mi gestión es encuadrar, la gestión penal dentro de los límites impuestos por la Constitución Política del Estado y el bloque de Constitucionalidad, marco de actuaciones en los que debemos desenvolver las garantías que conforman un debido proceso, con auténtico contenido, con la indispensable revalorización de la presunción de inocencia y la eliminación de la utilización abusiva de la Detención Preventiva como pena anticipada, que ha lastimado la imagen y credibilidad de nuestro Ministerio Público , a partir de impulsivas y poco reflexivas decisiones de algunos fiscales que nos obligaran en primer lugar a efectuar una cuidadosa evaluación de los desempeños profesionales de los mismos.

 

También es un imperativo de mi gestión el cumplimiento de las Convenciones Internacionales ratificadas por el Estado boliviano, relacionadas con las funciones del Ministerio Público, en este grupo quiero mencionar particularmente la convención de Belén Do Pará, en la que nuestro Estado, se obliga a cumplir con el deber de la debida diligencia, en la prevención, la investigación, sanción y reparación a las mujeres, a niñas víctimas de violencia.

 

La Convención Contra La Trata y Tráfico De Personas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otras que atingen a grupos en situación de vulnerabilidad y que son motivos de preocupación de los estados partes.

 

Las y los fiscales que conforman la estructura institucional del Ministerio Público, deben guiar sus actos a partir de esa máxima que dice, “ser y parecer”, son parte de la proyección de una conducta transparente con la que hay que ganarse la confianza de la ciudadanía, especialmente aquella que espera de nosotros gran coherencia y conducta intachable, a fin de que nuestras actuaciones guarden relación entre contenidos y formas.

 

He apuntado hasta aquí en sentido reflexivo y autocrítico los problemas y desafíos que la institución, cuya conducción asumo tiene que abordar así como la manera en que concibo la conducción de los destinos de la institución y la gestión de la Fiscalía General del Estado.

 

En estas palabras queda ratificado mi compromiso por hacer de la institución un instrumento al servicio de la ciudadanía que contribuya a la mejora y transparentación del sistema de justicia.

 

Si bien esa es la voluntad y compromiso que expreso y pondré en práctica, cabe celebrar que la multiplicidad de estos problemas y debilidad también nos conducen a afirmar de modo realista que estos cambios tomarán tiempo, algunos acciones pondrán dar resultados a corto plazo, pero otras por el desencadenamiento de un conjunto de trasformaciones que no solo implica cambios en la gestión, en la organización, en la planificación estratégica, en la cualificación de los recursos humanos, sino que pasarán por cambios de mentalidad, por prácticas que lamentablemente están profundamente arraigados en nuestro sistema de justicia.

 

No podemos olvidar que el Ministerio Público es un engranaje del sistema de justicia penal por ello, para que estos cambios puedan dar resultados y que la ciudadanía llegue a confiar en sus instituciones se requiere también el concurso decidido de las otras instituciones del sistema de justica del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, de la Policía Boliviana, del Servicio del Plurinacional de Defensa Pública, de los Servicios Legales de Asistencia también de los profesionales que ejercen la abogacía.

 

Complementariamente se requiere la contribución de las instituciones que no siendo parte del sistema de justicia penal, tiene incidencia en el mismo, tales como las instituciones que recogen información, necesario para el esclarecimiento de los hechos delictivos, con las que será importante tener mecanismos para compartir en tiempo oportuno, y los medios de comunicación que contribuyen a la formación de la opinión pública, con quienes será importante mantener una relación saludable, para informar de manera transparente y objetable, precautelando a la vez la presunción de inocencia, de los justiciables, que no se comprometa la investigación del hecho.

 

Por ello a tiempo de asumir de manera comprometida, pero realista estos enormes desafíos de transformar el Ministerio Público, también quiero dejar abiertos los canales de comunicación e invitar a las autoridades de las instituciones mencionas a coordinar y articular esfuerzos, para que juntos, en el marco de las funciones de las atribuciones que corresponde a cada uno, avancemos en un proceso sostenible de trasformación y mejora del sistema de justicia penal, que requiere de credibilidad, legitimidad y confianza ciudadana.

 

Nuestra tarea es construir un sistema más justo, pero fundamentalmente más humano. Muchas Gracias.

 

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