Prensa FGE, Sucre (19.11.18).- La Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia, suscribieron hoy un Convenio Interinstitucional, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para programar, organizar y ejecutar el proyecto de un Censo Carcelario.
La firma de este acuerdo se realizó en el Salón de Honor del Tribunal Supremo de Justicia y contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales
El Ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, mencionó que es una iniciativa que se trabajó conjuntamente con el Fiscal General del Estado, “esperemos que este censo en dos o tres meses nos permita conversar con cada una de esas más de 18.000 personas privadas de libertad para poder entenderlas”, dijo.
“Cuántas personas necesitan que el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada los escuche, los ampare y los proteja, cuántas personas con familiares con enfermedades terminales están esperando que su nación los escuche y los entienda con el mínimo de humanidad. La realidad de nuestro Sistema Penitenciario y de nuestra justicia deben cambiar, por un sistema más humano y más correcto”, refirió.
A su turno, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, mencionó que el propósito del Censo Carcelario es el de “consolidar los principios constitucionales como el respeto a los derechos tanto de las víctimas como de los procesados”.
“Hoy es un día muy importante para la humanización de la justicia, el Censo Carcelario no solamente tiene un propósito estadístico, sino el de establecer la verdadera situación jurídica de todos los privados de libertad (...). Con esto poco a poco vamos a ir recuperando la credibilidad y confianza de la población”, mencionó.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, dijo que este tipo de iniciativas resultan ser altamente productivas y demuestra que la revolución de la justicia boliviana está en marcha.
Mediante el convenio las partes se comprometen de manera conjunta a conformar la Comisión Nacional de Seguimiento y las Comisiones Departamentales compuestas por los representantes designado.
Asimismo las partes deben formular y aprobar el plan de trabajo, metodología y cronograma en base a la información proporcionada por la Dirección General de Régimen Penitenciario y el Tribunal Supremo de Justicia sobre la cantidad de personas privadas de libertad con detención preventiva y con sentencia condenatoria por cada uno de los departamentos, entre otros compromisos.
El proyecto de Censo Carcelario tiene como objetivos, relevar y analizar la situación jurídico-procesal de todas las personas privadas de libertad del país. Promover la cesación de la detención preventiva o el mandamiento de libertad cuando corresponda. Ejecutar mecanismos de atención inmediata a las necesidades de las personas privadas de libertad, entre otros.
El convenio tiene vigencia a partir de su suscripción hasta el cumplimiento del objeto establecido.
