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FISCALÍA DESARROLLA CURSO DE LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA PARA GARANTIZAR ACCESO A LA JUSTICIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Publicado02/06/2026 17:41:55
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Prensa FGE, Chuquisaca (02.06.2026).- El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró el Curso de Lengua de Señas Boliviana dirigido a las servidoras y servidores públicos de las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) de las Fiscalías Departamentales del país, en coordinación con la Dirección Nacional de Lengua de Señas Boliviana y la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, orientada a fortalecer la atención integral a personas con discapacidad auditiva y garantizar su pleno acceso al sistema de justicia.
Chuquisaca
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"Este curso no es simplemente una actividad académica. Es una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la inclusión, la igualdad y el acceso real a la justicia sin discriminación. Aprender Lengua de Señas Boliviana es también un acto de reconocimiento humano, porque la justicia no puede ser incomprensible para quienes más la necesitan y el servicio público debe adaptarse a las personas, y no las personas a las limitaciones del sistema", afirmó Mariaca.

El curso se desarrolla en modalidad virtual durante cuatro meses, con una carga horaria de 160 horas distribuidas en cuatro módulos. Su propósito es dotar a los participantes de los fundamentos teóricos y prácticos de la Lengua de Señas Boliviana, brindándoles herramientas esenciales para el diálogo directo con personas sordas, evitando la revictimización, reduciendo barreras institucionales y garantizando que ninguna persona quede excluida del sistema de justicia por razones lingüísticas o comunicacionales.

Con esta iniciativa, el Ministerio Público trabaja en la construcción de instituciones más inclusivas y accesibles, reconociendo que la Lengua de Señas Boliviana, idioma oficial del Estado, constituye un puente esencial de comunicación y de derechos para una comunidad que históricamente ha exigido ser atendida en igualdad de condiciones dentro del sistema de justicia boliviano.

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