FISCAL GENERAL RESALTA RESULTADOS HISTÓRICOS DE LA OPERACIÓN “ROMA I” CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN ENTORNOS DIGITALES
“Como resultado de esta intervención simultánea, el Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana ejecutó un total de 19 allanamientos en distintos departamentos del país, logrando la aprehensión de diez personas adultas, además de identificar a un adolescente con responsabilidad penal, en el marco de investigaciones vinculadas a delitos de material de abuso sexual infantil en entornos digitales contemplados en la Ley N° 1636”, sostuvo Mariaca.
Estos resultados son el reflejo de un trabajo investigativo riguroso trabajado durante meses desde la Fiscalía Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de manera articulada con las Fiscalías Departamentales y la Policía Boliviana, que permitió no solo identificar a los presuntos responsables, sino también recolectar importantes elementos de convicción. Durante los operativos, se procedió al secuestro de equipos tecnológicos y otros objetos relevantes, como 2 computadoras de escritorio, 12 laptops, 9 tablets, 64 teléfonos celulares, 22 dispositivos de almacenamiento (pendrives), 3 Grabadoras de Video Digital (DVRs) y un TV Box, los cuales serán sometidos a pericias especializadas.
Asimismo, en el desarrollo de los allanamientos se identificaron otros elementos que evidencian la complejidad de los casos investigados, como la presencia de sustancia controlada, un arma de fuego, munición, material explosivo y dinero, lo que amplía las líneas investigativas y refuerza la gravedad de los hechos.
La Operación ROMA I permitió avances significativos en la persecución penal de estos delitos y deja el mensaje claro de que el Ministerio Público y el Estado en su conjunto actúa de manera decidida frente a cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, especialmente en espacios digitales donde estos delitos suelen permanecer ocultos.
Este despliegue nacional, ejecutado bajo principios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada, consolida el liderazgo del Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado y los delitos que vulneran la dignidad e integridad de la niñez. Más allá de las cifras, cada acción representa un paso hacia la protección de las víctimas y la construcción de una justicia más humana, que no tolera la impunidad.